Por favor, elija al nominado/a que considera más merecedor del premio.

Nominada 1: Katleen LevyEmpresaria y ex diputada de la República. Por utilizar la orientación sexual e identidad gay como epíteto despectivo contra sus enemigos promoviendo el estigma hacia la población LGBTIQ.

Nominada 2: Gracie Bon Influencer. Por usar el epíteto homofóbico “cueco” como burla hacia un invitado estadounidense que desconoce el término.

Nominado 3: Leonardo Bailey Pastor e influencer. Por referirse a los hombres gay como perversos y malos, y por hacer un llamado a crear legislación que castigue a las personas con VIH que —según él, sin evidencia— ocultan su diagnóstico a sus parejas sexuales, estigmatizando especialmente a la población LGBTIQ+.

Nominado 4: Luis Eduardo CamachoDiputado de la República. Circuito 8-2, Realizando Metas. Por manifestar abiertamente que está en contra de la "agenda LGBTIQ" y que se percibe como guardián ante la Asamblea Nacional de Diputados para impedir cualquier avance hacia el reconocimiento de derechos de la población de la diversidad sexual.

Nominado 5: Manuel Chen González Diputado de la República. Circuito 13-1. Por impulsar una ley anti-exhibicionismo sin sustento técnico ni consulta ciudadana, que en el contexto homofóbico de Panamá deja a discreción de la autoridad la definición de "exhibicionismo", facilitando la extorsión contra personas de la diversidad sexual.

Nominado 6: Ministerio de Salud de Panamá. Por emitir constantes alertas sobre el incremento del VIH en la población, mientras que la Comisión Nacional del VIH (CONAVIH) solo se ha reunido una vez en más de ocho meses de la administración Mulino, sin estrategias de prevención a la vista, y por la pauperización de los servicios de prevención dirigidos a población clave (hombres gay, trans, trabajadoras sexuales), abandonando a quienes más lo necesitan.

Nominado 7: Policía Nacional de Panamá. Bajo la dirección de Jaime Fernández. Por institucionalizar la homofobia al mantener el Artículo 133 del Decreto 204 (1997) que tipifica la homosexualidad como “falta gravísima”, violando la Constitución y persiguiendo a agentes LGBTIQ+ con arresto o destitución. Por la represión selectiva contra una mujer lesbiana en la Universidad de Panamá (31 de enero de 2025), justificada como “terrorismo”. Por amenazar con destituir a cualquier policía que denuncie abusos ante la Defensoría del Pueblo. Y por usar el uniforme y el lema “Dios y Patria” para promover sermones evangélicos que califican a la diversidad sexual como “pecaminosa”, violando la laicidad del Estado.