Manifiesto
Nos indignan los graves hechos que han derivado en acusaciones de corrupción y obstrucción a la justicia que pesan sobre el presidente Castillo y su entorno. Diversas acciones y omisiones de su gobierno están desmantelando la capacidad del Estado y de funcionarios calificados para garantizar el bienestar ciudadano. El Congreso es parte responsable de la crisis pues ha aprobado contrarreformas para favorecer intereses particulares, impulsa proyectos que afectan derechos fundamentales y no fiscaliza eficazmente.
Ambos poderes del Estado están deteriorando servicios indispensables como: educación, salud, seguridad alimentaria, inversión privada y pública, cuidado del ambiente, acceso a la justicia. Además se están minando derechos básicos como la igualdad de género, los derechos de mujeres y pueblos indígenas y la libertad de expresión.
Consideramos que esta grave crisis demanda, al menos, tres acciones:
1. Acordar una agenda ciudadana de mediano y largo plazo con compromisos concretos,
2. Concertar reformas políticas y electorales indispensables,
3. Demandar el adelanto de elecciones generales.
Nuestra coalición de organizaciones de la sociedad civil, plural y diversa, se compromete a movilizar este esfuerzo cívico.